El Ministerio de Hacienda ha decidido posponer un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu, un cambio que afecta tanto a empresas como a autónomos. Este sistema, concebido para mejorar el control fiscal y modernizar los procesos de facturación, debía ser obligatorio en 2026, pero finalmente no será exigible hasta el 1 de enero de 2027 en el caso de las empresas y el 1 de julio de 2027 para autónomos y otras entidades con obligación de facturar.
Verifactu se basa en el uso de software certificado capaz de generar facturas de forma segura, sin posibilidad de alteración y con registro electrónico de todas las operaciones. Además, ofrece la opción de enviar la información a la Agencia Tributaria prácticamente en tiempo real, reforzando así la transparencia y dificultando cualquier práctica de ocultación o manipulación de datos. La complejidad técnica de esta transición, sumada a la necesidad de adaptar sistemas de gestión, plataformas de venta o herramientas de contabilidad, ha sido una de las principales razones que han motivado el aplazamiento.
Reacciones, desafíos y un nuevo horizonte para la transición digital
El retraso ha sido recibido de forma desigual entre los distintos segmentos del tejido empresarial. Para muchas pymes y autónomos, que todavía no habían iniciado o completado la adaptación tecnológica, el aplazamiento supone un respiro que les permitirá planificar inversiones, buscar proveedores adecuados y ajustar sus procesos internos sin la presión de la fecha inicial. Este margen adicional facilita también la preparación de formaciones, pruebas internas y validaciones técnicas que garanticen una implantación más segura y eficiente.
Por otro lado, algunas organizaciones profesionales y empresas que ya habían realizado esfuerzos significativos para adaptarse al calendario previsto critican la falta de estabilidad normativa y sienten que este cambio genera incertidumbre y puede suponer pérdidas económicas. Consideran que la modificación del calendario puede desincentivar la inversión temprana y ralentizar la modernización del ecosistema empresarial.
Pese a las reacciones encontradas, el Gobierno mantiene su compromiso con la digitalización de la facturación y la lucha contra el fraude. El nuevo plazo busca equilibrar la carga para los obligados, garantizando que la implantación definitiva de Verifactu se realice con mayor solidez técnica, mejor acompañamiento y un entorno más preparado para asumir el cambio.
