Telefónica dejará de ser la operadora encargada de garantizar el servicio universal de telecomunicaciones en España a partir del 1 de enero de 2027. La medida pondrá fin a una responsabilidad que la compañía mantiene desde 1998 y supondrá un cambio importante en la prestación de los servicios básicos de telefonía fija e internet.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha respaldado la propuesta del Gobierno, al considerar que la expansión de la fibra óptica, las redes móviles y las conexiones por satélite ha transformado el sector. Esta evolución permite avanzar hacia un modelo en el que ya no sea necesario designar a una única operadora para garantizar la conectividad en todo el territorio nacional.
Un nuevo modelo de telecomunicaciones con conexiones mínimas de 100 Mbps
Durante casi tres décadas, Telefónica ha tenido la obligación de proporcionar servicios básicos de comunicación incluso en aquellas zonas donde su prestación resultaba poco rentable. Sin embargo, las inversiones realizadas en infraestructuras digitales y la creciente competencia entre operadores han cambiado considerablemente este escenario.
El nuevo marco regulatorio contempla elevar la velocidad mínima de conexión de los actuales 10 Mbps a 100 Mbps de descarga y 5 Mbps de subida, adaptando así las prestaciones básicas a las necesidades digitales de los ciudadanos y a los objetivos de conectividad establecidos por la Unión Europea.
Además, la responsabilidad de garantizar estos servicios dejará de recaer exclusivamente sobre Telefónica. Las distintas compañías podrán atender las solicitudes de los usuarios dentro de sus respectivas zonas de cobertura, favoreciendo un modelo más flexible y ajustado a la realidad del mercado.
Este cambio también responde a la importante reducción del coste del servicio universal, que ha pasado de superar los 30 millones de euros anuales en etapas anteriores a situarse en torno a los 5,38 millones en las últimas liquidaciones. La modernización de las redes y la eliminación de antiguas obligaciones, como el mantenimiento de cabinas telefónicas, han contribuido a esta disminución.
¿Qué cambiará para los usuarios a partir de 2027?
La retirada de Telefónica como operadora designada no supondrá la desaparición del derecho de los ciudadanos a acceder a servicios básicos de telefonía e internet. La legislación seguirá protegiendo estas prestaciones y permitirá la intervención de las administraciones cuando las ofertas comerciales no garanticen una conectividad adecuada y asequible.
Uno de los principales retos será asegurar que el nuevo modelo no perjudique a los habitantes de zonas rurales o de difícil acceso, donde las infraestructuras de telecomunicaciones todavía pueden presentar limitaciones. Por este motivo, la CNMC ha destacado la importancia de mantener una supervisión continua de la cobertura y de las condiciones de acceso.
También se mantendrá la atención a los colectivos económicamente vulnerables, con el objetivo de evitar que las dificultades económicas se conviertan en una barrera para acceder a servicios de comunicación esenciales.
Para completar esta transición, el Gobierno deberá aprobar el nuevo Reglamento del Servicio Universal antes de finalizar 2026, permitiendo que el nuevo sistema comience a aplicarse el 1 de enero de 2027.
Con esta reforma, España avanzará hacia un modelo de telecomunicaciones más competitivo y adaptado a la evolución tecnológica, en el que diferentes operadores participarán en la prestación de los servicios básicos. El principal desafío será garantizar que todos los ciudadanos puedan seguir disfrutando de una conectividad adecuada, independientemente de su lugar de residencia o situación económica.
